Luego del juicio, vino una ley que no provee justicia

Es la ley n.º 23.521. Fue una disposición legal dictada en Argentina el 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante la guerra sucia y el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida” (concepto militar según el cual los suboficiales se limitan a obeceder las órdenes emanadas de sus superiores).
Esta norma se dictó luego de los levantamientos “carapintadas”, por iniciativa del gobierno de Alfonsín, para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejército Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel, de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense. De ese modo, tuvo lugar el desprocesamiento de la mayoría de los imputados en causas penales del llamado terrorismo de Estado.
Algunos de los beneficiados por la norma fueron el ex capitán de fragata Alfredo Ignacio Astiz y el general Antonio Domingo Bussi, contra los cuales existían varias pruebas de la comisión de delitos de lesa humanidad.
Las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, junto a los indultos realizados por Carlos Menem, son conocidos entre sus detractores como las leyes de impunidad.
La ley 25.779, sancionada en 2003, finalmente declaró la nulidad a la ley de Obediencia Debida, la cual por su parte ya había sido previamente derogada.

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